Caso Ersélide Leila Dávalos: proponen mejoras en el Código Procesal Penal que eviten el encarcelamiento sin sentencia firme

La situación de Liliana Vázquez y Lucía Cecilia Rojas, quienes pasaron más de una década en la cárcel y que hoy lograron su libertad, por una orden de la Corte Suprema de Justicia que las absolvió del delito que se les condenaba, generó una ola de cuestionamientos a la situación carcelaria de muchos presos en la provincia. Así, para el Defensor Oficial de la Cámara de Apelaciones, Marcelo Ozuna, se tienen que cumplir los plazos en los que una persona debe recibir una sentencia y estimó que un 40% de los encarcelados no tiene condena.

Marcelo Ozuna. Radio Libertad

A raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de absolver a Cristina Liliana Vázquez y a Lucía Cecilia Rojas por el homicidio de la anciana Ersélide Leila Dávalos de 79 años en el 2001 y por el que pasaron más de una década encarceladas, el representante de Rojas y defensor oficial de la Cámara de Apelaciones, Marcelo Ozuna, instó a generar cambios urgentes en la justicia misionera que eviten la privación de la libertad superior a los plazos que demanda la ley.

«No solo el tiempo que llevó, sino que nos pone a reflexionar sobre las personas privadas de su libertad sin sentencia firme, algo que está tan en discusión y ha ameritado una reforma en el Código Procesal de la Nación. Calculemos que estas personas llevan detenidas más de una década y hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación les dice que son inocentes de la imputación que se les formula. Es realmente importante reflexionar sobre los tiempos de la justicia y el que pierden las personas privadas de su libertad», cuestionó.

Precisó que, a través de este fallo, se admite la inocencia de las acusadas. «La sentencia de la corte, por lo que estamos tomando conocimiento a través de los medios nacionales, es que se las absuelve, es decir que son inocentes, ya sea por el principio de la duda o que no cometieron el hecho».

El abogado explicó que el caso de estas jóvenes que pasaron más diez años en la cárcel «debe ser un punto de inflexión para hacernos ver la urgencia de modificar el Código Procesal de la Provincia de Misiones para lograr una justicia más expedita, más rápida”.

Sostuvo que esta medida “no es justicia para nadie ni para las personas que estuvieron más de una década privadas de su libertad, ni para la familia de la víctima que se encuentra con que 21 años después no saben quiénes son las personas que mataron a sus familiares».

Cambios urgentes

Para el letrado, es urgente que se pase a un sistema adversarial, donde el fiscal dirija la investigación y no el juez, sino que sea uno de garantías como lo es a nivel nacional y controle la actividad fiscal. Añadió que, además de incorporar esos cambios,” debemos hacer un proceso de punta a punta oral y con plazos perentorios, tanto para los jueces como para las partes. Hoy en día (los plazos perentorios) son solo para los defensores y los fiscales, pero no para la justicia”.

Señaló que la última reforma que se hizo del Código Procesal dice que la investigación penal debe hacerse en seis meses (tres meses y una prórroga de tres meses más) y se ven hoy procesos de dos años o tres años de investigación con personas privadas de su libertad “porque el argumento tanto del Superior como de la Cámara Penal son de que los plazos no son perentorios para la investigación. Debemos hacer que esos plazos sean cumplidos y que se trate siempre de evitar las restricciones de la libertad, teniendo en cuenta de la situación carcelaria actual”, agregó.

“Si yo te mando dos meses a la cárcel y luego te digo que me disculpes que eres inocente, esos dos meses te arruinaron la vida (…) obviamente hay muchísimos casos donde las pruebas, como los de delitos sexuales, ameritan que la persona esté detenida y no estamos discutiendo eso, sino los casos diarios que tienen abarrotadas las cárceles y ya comprobamos que las cárceles no sirven para los fines que está establecidas y debemos trabajar mucho y hacer una herramienta que nos permita trabajar más rápido».

El abogado afirmó que cada provincia tiene facultades no delegadas de Nación y en este caso, el dictado de los códigos procesales son facultades no delegadas y que quedan dentro del ámbito de cada provincia. “Obviamente tenemos regionalismos propios y factores propios, nosotros nos vamos a adherirnos a lo que hace Nación, sino que debemos modificar un código Procesal que sea pertinente para nuestra provincia, que sea útil, rápido y eficaz porque por allí se genera rápido la confusión. No estamos hablando de un Código Procesal que beneficie a las personas que cometieron un delito. Estamos hablando de uno rápido, ágil y efectivo que haga justicia para aquel que requiere justicia y para aquel privado de su libertad e imputado en una causa”, reforzó.

El Defensor Oficial de la Cámara de Apelaciones se mostró optimista y estimó que cree «que no pasaremos de este año sin una modificación».

Situación carcelaria

Según Ozuna, en las cárceles de Misiones actualmente hay más de 1600 internos. Estimó que, de estos, más del 40% no tiene una condena. “Según la Ley (el encarcelamiento preventivo) no se pueden extenderse más de dos años y con una prórroga hasta los tres años”. Sin embargo, lamentó que muchas personas ya hayan superado esos plazos y no tengan sentencia.

«Hoy los jueces tuvieran que aplicar a rajatabla la normativa vigente, tendríamos que largar al 40% de las personas que están en la cárcel porque no es problema de los jueces, de los operadores del sistema, sino de la herramienta que tenemos para trabajar. Si hubiera una norma que diga que a los dos años sin condena se debe largar a un preso. Si todo es ordenatorio, todo es flexible.

Coincide Martín Ayala, abogado de Cristina Vázquez, la otra joven que fue acusada. Afirma que es importante modificar el sistema penal y pasar “de uno inquisitivo, donde es el juez el que instruye, investiga y juzga, y coloca en crisis la necesidad de imparcialidad del juez, a un sistema acusatorio donde haya un juez de garantía”.

También sostuvo la necesidad de la creación de una Cámara de Casación Penal que, aunque el Superior Tribunal cumple ese rol en la actualidad, tiene un cúmulo de funciones muy diversas que conspira con la especificidad del Foro Penal que podría estar dada con una Cámara de Casación específica que revise los fallos y decisiones del Tribunal.

SPM

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