El primer Cabildo Digital del NEA abrió la discusión sobre aportes para una nueva Ley Nacional de Educación Superior

El primer Cabildo Digital NEA para debatir aspectos para una Nueva Ley Nacional de Educación Superior se llevó a cabo el lunes y martes pasado entre rectores, exrectores y académicos de las universidades de la región a través de videoconferencia debido a las restricciones impuestas a partir de la pandemia de coronavirus. 

Se trató de una iniciativa federal, surgida desde la sociedad civil, a partir de lo planteado por el presidente Alberto Fernández en su discurso inaugural de las sesiones del 1 de marzo, acerca de la necesidad de promover el debate por una Nueva Ley de Educación Superior.

Esa iniciativa se concretará en todo el país a través de Cabildos Digitales Abiertos Regionales que convergerán en un Cabildo Abierto Federal, con la misma metodología de discusión, debate y participación que se hicieran con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, indicó.

El Cabildo digital correspondiente a la región NEA contón en el acto de apertura con la participación de los rectores de las Universidades Nacionales del Nordeste, del Chaco Austral (UNCAUS), de Misiones, de Formosa, de la Universidad Tecnológica Nacional y representantes de diversas organizaciones sindicales.

El debate que se organizó a través de una plataforma virtual se organizó en torno de cinco comisiones que abordaron los siguientes temas:

• Comisión 1: fundamentación de por qué es necesaria una Ley de Educación Superior, en este tiempo histórico y en clave de soberanía nacional, emancipación cultural y el derecho social a la educación superior y en su apertura participó Daniel Filmus.

• Comisión 2: abordó sobre estructura y articulación entre Universidades, Estado Nacional y articulaciones provinciales. Las relaciones de la educación superior con la ciencia y la tecnología y las necesidades de desarrollo nacional, regional y local. En esta comisión, la apertura estuvo a cargo de Marisa Censabella, directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Argentinas (CONICET) Nordeste.

• Comisión 3: trataron temas relacionados con el régimen de organización del gobierno y cogobierno universitario. Autonomía y extensión desde una mirada siglo XXI. Financiamiento y en la apertura participó Aldo Caballero, exsecretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y exrector de la Universidad Nacional de Misiones.

• Comisión 4: se trató el tema régimen de evaluación y acreditación en discusión (rol de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria-CONEAU; procedimientos y lógicas), con la apertura a cargo de Néstor Pan, presidente de la Coneau.

• Comisión 5: Formación Docente y Formación Superior: el rol del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y el rol de las Universidades e Institutos en la Formación de una Ciudadanía crítica del siglo XXI, con apertura a cargo de Mercedes Lea, Directora Ejecutiva del INFOD.

Sobre el gobierno de la Universidad

En la comisión 3 se trató especialmente el tema régimen de organización y cogobierno universitario, oportunidad en la que el exrector Aldo Caballero se explayó sobre el concepto de autonomía y extensión desde una mirada del siglo XXI, como así también sobre el financiamiento.

En su exposición inicial, Caballero realizó un breve repaso histórico desde los orígenes del sistema universitario, recuperando los principales hitos jurídicos con una visión prospectiva y advirtió acerca de algunos peligros que representa la ley existente de neto corte liberal.

Recordó que recién en 1885 se sancionó la primera Ley Universitaria que regía para las dos únicas universidades existentes hasta entonces (la de Córdoba y la de Bs As) y que con la sanción de la segunda Ley en 1947, por primera vez se introduce en ella la noción de autonomía en un cuerpo jurídico.

En su apretada síntesis, el exrector mencionó que “luego, en 1954 una nueva ley estableció la asignación presupuestaria que garantiza la autonomía y a través de la cual se consagró la gratuidad. También este cuerpo legal incorporó la extensión como actividad fundamental. También la asignación de un presupuesto y la incipiente participación estudiantil en los órganos de gobierno. Valores que siguen vigentes en la concepción del modelo universitario en Argentina”.

Mencionó luego que en 1974 la ley Taiana “logró sintetizar la postura de las corrientes reformistas y las nacionales populares  e instituye las 4 áreas sustantivas (educación, investigación, extensión y acción social) y que la ley actual, sancionada en  1995, “se caracteriza como de corte liberal y como tal deja abierta la posibilidad del arancelamiento; pero también de asignación por parte del Estado de recursos, e incorpora la participación de docentes y no docentes en el gobierno universitario”.

Al cierre de su alocución Caballero propuso que la nueva ley del siglo XXI debe “reafirmar el carácter de derecho humano a la educación superior y garantizar su financiamiento en base a un parámetro establecido en relación al PBI”. También propuso la participación de la comunidad a través de la figura de los consejos sociales.

Otros ejes temáticos

La intervención de los participantes incorporó una serie de planteos que se ordenaron en torno a los siguientes ejes temáticos:

• Autonomía y financiamiento de las instituciones universitarias.
• Democracia universitaria y sistema de cogobierno.
• Equidad de género.
• Derecho a la Universidad y vínculo con la comunidad.
• Autonomía y financiamiento de las instituciones universitarias.

La Autonomía Universitaria refiere a la capacidad de administrarse conforme a sus propios estatutos reconocida por la ley a las instituciones universitarias. Para lo cual es indispensable que las mismas dispongan del financiamiento asignado por presupuesto nacional de un  modo previsible.

En este sentido se planteó la conveniencia de que se establezca por Ley un porcentaje del PBI, es decir que acompañe el crecimiento económico del país, así como también que se establezcan pautas de distribución del presupuesto universitario sobre la base de indicadores acordados, que eviten el manejo discrecional o que queden sujetos a negociaciones anuales como expresión de relaciones de fuerza coyunturales.

• Democracia universitaria y sistema de cogobierno

Se valoró especialmente el carácter democrático de las universidades y se señaló la necesidad y conveniencia de ampliar la participación y representatividad de los cuatro claustros que componen la comunidad universitaria.

Asimismo se planteó la incorporación de la figura de los Consejos Sociales que incorporen a sectores representativos de la sociedad a los ámbitos de discusión de las políticas  orientadas a la comunidad que establezcan las universidades .

Respecto de la designación de autoridades se sugiere establecer el voto directo como mecanismo de elección más genuino.

También se propuso establecer límites a la cantidad de mandatos en los cuales las autoridades del ejecutivo pueden ser reelegidos y la participación estudiantil en los concursos para la selección de docentes.

Desde los gremios docentes y no docentes se planteó la necesidad de establecer dentro de la ley el reconocimiento de los acuerdos logrados en los respectivos convenios colectivos de trabajo.

• Equidad de género

La valorización de la democracia universitaria supone también la equidad de género y en ese sentido se observó la necesidad de contar con protocolos contra la violencia y promover acciones positivas que garanticen la igualdad, como por ejemplo, el establecimiento de una ley de cupo femenino en los órganos de gobierno así como también la incorporación del lenguaje inclusivo.

• Derecho a la Universidad y vínculo con la comunidad

Declarar la universidad como un derecho humano, no solo refiere al derecho a acceder a la formación universitaria, a garantizar la gratuidad de la enseñanza en sus diferentes niveles o establecer el ingreso irrestricto, sino también a establecer el derecho de las comunidades a disponer de las producciones generadas por las Universidades a través de la extensión universitaria, los servicios de transferencia u otras formas de acceso al conocimiento universitario por parte de aquellos que no necesariamente aspiran a cursar una carrera.

El vínculo de la Universidad con el territorio ofrece un marco apropiado para promover una formación integral de los y las estudiantes a través de acciones que pongan en acto el compromiso ciudadano de los y las estudiantes, docentes, no docentes y graduados con su comunidad. En este sentido se propuso establecer prácticas sociales educativas o servicios sociales como requisito de graduación.

Se planteó además la necesidad de ampliar la propuesta académica incorporando nuevas modalidades de cursada como por ejemplo la enseñanza a distancia o remota empleando recursos de la comunicación digital.