
El caso que se arrastra desde 2016 y terminó con la organización ambientalista Greenpeace siendo declarada responsable por millonarias pérdidas a una compañía de gas natural y propano, quienes buscaban instalar un oleoducto cerca de una reserva de siux, un pueblo indígena americano. Greenpeace considera que se quiere “destrozar el derecho a la protesta pacífica”.