Análisis semanal: Yapeyú y la vuelta del federalismo a la agenda nacional
No fue una semana sencilla para el presidente Alberto Fernández. El episodio del “vacunatorio vip” lo obligó a pedirle la renuncia a su amigo Ginés González García y en un intento desafortunado por bajarle el tono a la cuestión, terminó generando más polémica. Después la justicia le dio tela para cortar a sus opositores al condenar a Lázaro Báez, el contratista preferido de Néstor y Cristina, a 12 años de prisión por lavado de dinero. Pero los problemas judiciales no son patrimonio exclusivo del kirchnerismo, la causa “parques eólicos” reveló información que compromete directamente al círculo familiar del expresidente Mauricio Macri y fue citado a declarar su hermano Mariano.
Las buenas noticias llegaron por el lado de la economía que sigue emitiendo señales positivas y por la agilización en la llegada de las vacunas. Otro aspecto alentador tiene que ver con las gestiones realizadas por el Gobierno de Misiones, algunas de manera directa y otras con el acompañamiento de las demás provincias del Norte Grande, para generar medidas concretas que reduzcan las asimetrías que ponen al NEA y al NOA en desventaja frente a países limítrofes y también frente al resto del país.
Superada la etapa más urgente de la pandemia y con la economía encaminada en una senda de lenta recuperación, Alberto Fernández da señales de retomar la agenda del federalismo, materia todavía pendiente en su gestión, a pesar de algunos avances.
Y si se habla de federalismo el principal desafío pasa por equiparar las posibilidades de desarrollo en un país en el que conviven realidades muy diferentes, algo por lo que el Gobierno de Misiones viene bregando con mucho énfasis.
No resulta extraño entonces que el primer movimiento de Alberto para retomar la agenda federal haya sido aterrizar en Misiones para reunirse con el Gobernador Oscar Herrera Ahuad, con quien viajó a Yapeyú para participar de una nueva reunión del Consejo Regional del Norte Grande.
Primero en una reunión privada que tuvieron en la sala vip del aeropuerto de Posadas y luego durante el cónclave de gobernadores del Norte Grande, Herrera Ahuad fue muy enfático en solicitar una tarifa diferenciada de energía eléctrica, prioridad establecida por el conductor de la renovación, Carlos Rovira, como compensación por el histórico “olvido” del país central de extender hasta Misiones la red de gasoductos y por el sobrecosto que implica la logística en una provincia alejada de los grandes centros de producción y que además debe pagar los combustibles más caros del país.
En Yapeyú participamos de la conmemoración del 243 Aniversario del natalicio del Gral Don José de San Martín. Participamos de la reunión del Concejo Reg del Norte Grande con la presencia del Presidente de la Nación @alferdez agradezco al Gob @gustavovaldesok por la invitación. pic.twitter.com/6QIvgelJGJ
— Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) February 25, 2021
El gobernador le reiteró al presidente la necesidad de acelerar la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme, que faculta al Ejecutivo nacional a otorgar beneficios fiscales a las provincias de frontera, herramienta que se planteó como alternativa a la vetada zona aduanera especial, aprobada por ley del Congreso pero desestimada luego por decreto presidencial.
En reuniones previas, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había pedido a Misiones que enviara una propuesta de reglamentación de dicho artículo, tarea que el Gobierno provincial cumplió esta semana.
Según indicó el ministro del Agro misionero, Sebastián Oriozabala, la propuesta presentada incluye amplios beneficios fiscales al conjunto de las actividades económicas de las provincias de frontera, pero dichos beneficios se aplican de manera gradual de acuerdo al grado de exposición que tiene cada provincia a las economías de países vecinos.
El criterio propuesto es otorgar mayores beneficios a las provincias con mayor extensión de fronteras en su territorio, criterio que de aplicarse beneficiaría claramente a Misiones.
Durante la reunión del Norte Grande, también se planteó avanzar en la puesta en funcionamiento plena y compartida por las provincias que se hallan en su recorrido, de la Hidrovía. El tema es fundamental para Misiones, ya que permitiría abaratar los altos costos de logística que perjudican en mayor grado a la producción de las provincias más alejadas del centro del país.
Otro de los reclamos de la Provincia pasa por la redistribución de los subsidios al transporte de pasajeros. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner los subsidios se repartieron con un criterio centralista que llevó a que el Área Metropolitana de Buenos Aires tuviera tarifas ridículamente bajas para servicios caros como el subte. De la mano de la política de “sinceramiento” de tarifas de Macri llegó luego un recorte significativo en los subsidios que mantuvo el criterio centralista en el reparto de los recursos.
Alberto corrigió en parte la desigualdad en la distribución al incrementar en mayor medida los subsidios a las provincias y en menor medida al AMBA, sin embargo Buenos Aires sigue recibiendo bastante más que el resto, algo que Misiones y las demás provincias del Norte reclaman que se revierta.
Crisis innecesaria
Como si la pandemia, la economía y los embates de la oposición no fueran suficientes, el Gobierno de Alberto Fernández debió enfrentar una crisis tan inesperada como innecesaria. Como ocurriera antes en varios países, en Argentina algunos integrantes de la política no resistieron a la tentación de usar sus privilegios de clase para adelantarse en la fila de la vacuna.
Especialmente desde Buenos Aires comenzaron a llegar noticias de intendentes, funcionarios de diverso rango y hasta militantes rasos que accedían mucho antes de su turno a la preciada y escasa vacuna y que, una vez descubiertos, esgrimían excusas poco creíbles.
Pero el asunto no tomó dimensión de crisis hasta que el periodista y operador del kirchnerismo, Horacio Verbitsky, revelara que el ahora exministro de Salud, Ginés González García, lo había invitado a vacunarse en la sede de esa cartera en una suerte de vacunatorio vip en el que las escasas dosis se suministraban de manera discrecional a amigos y conocidos.
La confesión de Verbitsky generó una crisis instantánea que se llevó puesto a Ginés y sembró dudas de todo tipo respecto a la cohesión interna del Frente de Todos. La oposición vio el árbol caído y pensó en leña, entonces se multiplicaron denuncias penales contra el malhadado ministro, algo exageradas si se compara el desliz que motivó su denuncia con las causas que enfrentan otros políticos, tanto del oficialismo como de la oposición.
Después de varios días de soportar cuestionamientos, Alberto intentó bajarle el precio el episodio, calificó de “payasadas” a las denuncias presentadas y aseguró que su exministro no incurrió en ningún delito porque “no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila’”.
Como ocurre cada vez que cambia el tono didáctico por uno más agresivo, sus dichos no hicieron más que reavivar la polémica.
Causas para todos
La agenda de la justicia volvió al centro de la escena esta semana con el fallo que condenó a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez por hallarlo culpable de lavado de dinero agravado y a penas menores a los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar, al contador Rafael Pérez Gadín y a los cuatro hijos de Báez. Todos implicados en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, que se inició en 2013 a partir de una investigación periodística.
El fallo no afecta de manera directa a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, dado que en esa causa el juez Sebastián Casanello le dictó la falta de mérito, fallo que fue confirmado luego por la Cámara Federal.
Sin embargo, la condena a Báez podría complicar a Cristina en otra causa, la denominada “Vialidad” en la que está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que se benefició con irregularidades de distinto tipo en 51 contratos de obra pública que fueron ejecutados por empresas de Lázaro Báez.
La condena por lavado de dinero contra el empresario de la construcción considera como un ilícito precedente a las irregularidades que se investigan en la causa Vialidad.
Más allá del derrotero que sigan las causas que todavía tiene abiertas la expresidente, que el empresario que ejecutó la mayor parte de la obra pública durante su gobierno haya sido condenado por lavado de dinero no le resultará gratis en términos de costo político.
Los problemas judiciales también asoman amenazadores en el horizonte del macrismo. La causa que investiga un intrincado pasamanos de parques eólicos en el que participaron sociedades off shore afincadas en paraísos fiscales reúne cada vez más pruebas y promete un desfile de testigos de alto perfil.
Fue citado a declarar Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio y coautor del libro “Hermano” en el que aporta detalles respecto a supuestas maniobras ilegales relacionadas a los negocios de su familia.
Lo que investiga la justicia es una serie de operaciones entre una red de empresas creadas al comienzo del gobierno de Cambiemos, a cargo de Mariano Payaslian, contador del grupo empresario de la familia Macri, red que aparece vinculada a una estructura societaria en Luxemburgo.
Entre esas empresas se vendieron y revendieron seis parques eólicos, lo que habría reportado ganancias por más de 70 millones de dólares.
En la causa están imputados Gianfranco Macri, otro hermano de Mauricio, que sería el beneficiario detrás de la sociedad radicada en Luxemburgo, donde terminaban depositadas todas las ganancias de la operación y el exministro de Energía, Juan José Aranguren.
Señales positivas
Entre tanto ruido político y judicial, las buenas noticias llegaron de la mano de la economía. El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró en diciembre una contracción interanual de 2,2%, lo que llevó al índice de actividad a acumular una caída de 10% durante todo el año pasado. Si bien la retracción fue la mayor desde 2002, terminó siendo bastante menor a la estimada en el Presupuesto 2021 (12,1%) y en informes de organismos como el Banco Mundial.
Además el índice registró en diciembre un alza de 0,9% respecto a noviembre y con eso acumuló ocho meses consecutivos con signo positivo.
Que la caída de la actividad en 2020 haya sido menor a la esperada permite avizorar una mayor recuperación para el año en curso. Solo por efecto “arrastre” los analistas estiman un crecimiento del orden del 4% en 2021, es decir que si el nivel de actividad de diciembre se mantuviera en 2021 habría un aumento del PBI en ese porcentaje.
Pero como la tendencia es de recuperación: el nivel de actividad pasó de una caída interanual de 19% en el segundo trimestre de 2020, a una de 10% en el tercero y 4,5% el cuarto, se espera que el crecimiento este año supere el 5,5% del PIB.
El otro dato positivo para la economía fue la recuperación en enero del superávit comercial que se había perdido en diciembre. El primer mes del año de la balanza comercial arrojó un saldo positivo de más de 1.000 millones de dólares, 2,3% más que en igual mes del año pasado.
Las exportaciones avanzaron 7% en términos interanuales, impulsadas por los precios internacionales pero también por el remanente de ventas que había dejado diciembre, cuando los envíos externos cayeron 34% interanual a causa de un conflicto sindical de los portuarios. En tanto, las importaciones crecieron 9% interanual, reduciendo a la mitad su tasa de crecimiento respecto del cierre de 2020, cuando una brecha cercana al 100% y expectativas de devaluación elevadas alentaron el adelantamiento de compras.
