Análisis Semanal: Alberto retoma la agenda de la recuperación gracias al canje y los reclamos gremiales en plena crisis abren interrogantes en la economía

Alberto Fernández- Martín Guzmán

Contra la calamidad de la pandemia, contra sus propios tropiezos y tensiones internas y contra una herencia económica más pesada que el Titanic, el Gobierno nacional dio otro paso importante para ahuyentar el default, despejar el calendario de vencimientos y avanzar en la agenda de la reactivación.

 

A la sufrida pero finalmente exitosa reestructuración de la deuda bajo jurisdicción extranjera le siguió el canje de casi el 99% de la deuda bajo ley local, casi 41 mil millones de dólares, anunciado el viernes por el ministro Martín Guzmán.

 

El anuncio fue celebrado desde todo el arco empresarial porque no solamente mejora las condiciones de la macroeconomía, sino que también debería allanar el camino para que el sector privado pueda acceder a crédito internacional.

 

Resueltas las batallas más duras en el frente de la deuda, el gobierno de Alberto Fernández puede avanzar progresivamente en la agenda para la recuperación postpandemia. Allí es donde cobra relevancia la figura del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que anunció créditos por 455 mil millones de pesos para apuntalar a la industria.

 

Los créditos cuentan con el respaldo de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares, se otorgarán a tasas de interés que oscilan entre el 10% y el 24% anual y tendrán como destinos financiar inversiones en capital de trabajo y refinanciación de pasivos.

 

En Misiones distintas organizaciones representativas del sector privado, como Movimiento Industrial Misionero (MIM), destacaron el anuncio y valoraron que el Estado asuma un rol activo para apuntalar la inversión en momentos en los que para la gran mayoría de los empresarios resultaría prácticamente imposible pensar en una inversión con fondos propios o con financiamiento de la banca privada.

 

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, dejó en claro que en el orden de prioridades del Gobierno figura primero la reactivación y luego el orden fiscal. “El año que viene no podemos ir al equilibrio fiscal ni nada que se le parezca. De hacer eso cometeremos un grave error porque nosotros necesitamos seguir impulsando la economía utilizando el gasto público como un acelerador”, explicó en un reportaje a una radio porteña.

 

Los sucesivos avances en el canje de la enorme deuda que heredó la presente administración nacional, trajeron una brisa de optimismo a los mercados, lo que se vio reflejado en las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Central en base a consultas a especialistas.

 

En el informe difundido el viernes, las proyecciones de inflación interanual para diciembre se ubicaron en 37,8%, 1,7 puntos porcentuales menos de lo que reflejó la consulta de fines de julio. Los especialistas también recortaron sus previsiones respecto a la caída del PBI (de 12,3% a 12%) y al aumento de dólar (de $86,5 a $84,3).

 

La incertidumbre en el plano cambiario y la fuga por goteo de reservas son los aspectos que más preocupan a los analistas en el corto plazo. El límite a la compra de dólar ahorro le puso un freno a maniobras especulativas de inversores financieros, pero también propició una brecha cambiaria que disparó la demanda de dólares en los bancos.

 

Las compras esta vez no están impulsadas por grandes especuladores, sino mayormente por asalariados que encontraron una manera efectiva de aumentar sus ingresos haciendo puré con sus dólares. Ni bien cobran, compran los 200 dólares que el Central les permite adquirir y luego los venden en el mercado negro. En Posadas la maniobra reditúa una ganancia inmediata de 36 pesos por dólar, que multiplicado por 200 da la nada despreciable suma de 7.200 pesos.

 

El dólar puré se volvió una práctica tan extendida que el martes último, cuando el Central habilitó el cupo de 200 dólares por persona correspondiente a septiembre, todas las páginas de home banking colapsaron.

 

La demanda permanente de billetes estadounidenses está provocando una sangría lenta pero constante de reservas y pone al Gobierno ante una disyuntiva no solo económica sino también política. Esta vez no se trata de grandes fugadores, cerrar más el cepo afectaría los intereses de buena parte de sus votantes.

 

Coronacrisis

 

En cualquier otro escenario una reestructuración de deuda como la que logró cerrar Argentina tendría un impacto más significativo en las expectativas de mercado, pero el componente de incertidumbre que impone el coronavirus a la economía mundial sigue conspirando contra los planes de reactivación, no solo en Argentina.

 

Mientras Argentina no logra aplanar definitivamente la curva de contagios, en distintos países de Europa en los que la circulación del virus se había reducido, se reportaron severos rebrotes, los últimos en Francia, Inglaterra y España. Con la “inmunidad de rebaño” bastante más lejos de lo que se creía hace un mes, las esperanzas de normalización se centran en las distintas vacunas que están en etapas finales de prueba.

 

En Argentina, los éxitos iniciales del enfoque sanitarista que impuso el Gobierno nacional se van diluyendo conforme pasan las semanas y los números de contagios y muertes siguen en ascenso.

 

El encierro colectivo más severo de los primeros meses, le dio al sistema de salud el tiempo necesario para prepararse mejor para atender el pico de enfermos. Gracias a ello se llegó a septiembre sin que haya colapsado la capacidad de atención médica en ningún punto del territorio.

 

Pero la progresiva –y necesaria- salida del aislamiento, el creciente hartazgo social combinado con niveles insólitos de estupidez aceleraron la circulación del virus en distintos puntos del país. La solidaridad con el personal de salud pasó de moda al tiempo que el quemimportismo disfrazado de defensa de los derechos individuales, fue ganando terreno.

 

Como resultado, los contagios que se evitan a un costo económico altísimo que recae en bolsillos del Estado, pero también de empresarios y trabajadores independientes que siguen limitados o directamente impedidos de generar ingresos, se terminan produciendo en las atestadas mesas de los bares de Ciudad de Buenos Aires, en manifestaciones políticas, en centros de esquí o en reuniones sociales.

 

Halcones y palomas

 

Pero el coronavirus y la economía no son los únicos frentes que debe afrontar Alberto. La política también aporta su granito de arena a la confusión general. Con la oposición buscando la salida de su propio laberinto, los principales desafíos vienen de la interna.

 

La inseguridad es uno de los temas que expone con mayor claridad las contradicciones dentro de la alianza gobernante. Las figuras de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, una antropóloga que piensa a la inseguridad en clave social, y del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, un ex militar apegado al punitivismo, encarnan esa contradicción.

 

La tensión entre ambos funcionarios ya está declarada desde prácticamente el inicio de sus gestiones y volvió a ponerse en escena ante nuevos casos de usurpación de predios.

 

Desde el ala más progresista del Frente de Todos plantearon la problemática de la falta de vivienda, mientras que Berni salió a pedir desalojo y detenciones. Con el debate bastante avanzado, Frederic tuvo que salir a aclarar que consideraba un delito la toma de tierras.

 

Pero como siempre, además de la cuestión ideológica se esconde la puja por el manejo de fondos.

 

Berni, referente de la Cámpora, salió a responsabilizar por la toma de tierras a Emilio Pérsico y al Chino Navarro, ambos funcionarios nacionales y representantes del Movimiento Evita, que disputa con la Cámpora el manejo de recursos destinados al asistencialismo, especialmente en Provincia de Buenos Aires. Los aludidos exigieron que el ministro bonaerense presente pruebas y lo calificaron de “charlatán de feria”.

 

Asesinato del ejército paraguayo tensa relaciones con Argentina

 

Un grupo de elite del Ejército de Paraguay (el FTC) mató por la espalda a dos niñas argentinas de 11 años en un supuesto enfrentamiento armado con el grupo guerrillero EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

 

El presidente del vecino país, Mario Abdo Benítez –hijo de Marío Abdo quien fuera secretario privado del ex dictador Alfredo Stroessner- celebró la operación como un “duro golpe al terrorismo” y ordenó enterrar rápidamente los cadáveres de las niñas a las que primero calificó como adolescentes.

 

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En un primer momento las autoridades paraguayas no pudieron identificar a las víctimas y solicitaron ayuda a Argentina, que verificó que se trataba de María Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba, ambas de 11 años de edad, anotadas en Formosa pero residentes en Misiones.

 

Al enterarse de que habían ejecutado extrajudicialmente a dos niñas argentinas, el General Héctor Grau, comandante de la FTC, no tuvo mejor idea que salir a decir que Argentina se había convertido en una “guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo”. Lo que provocó que el Gobierno argentino no solo exigiera el esclarecimiento inmediato de los asesinatos sino que además protestara formalmente por las absurdas declaraciones de Grau.

 

Un reclamo que desequilibra las cuentas provinciales

 

Coqueteando peligrosamente con el desacato, los policías misioneros volvieron a hacer gala de su capacidad de presión al obtener un generoso incremento salarial luego de varios días de protesta. Dentro del Gobierno provincial, prevaleció la mirada dialoguista, lo que permitió llegar a un rápido acuerdo que destrabó el conflicto, pero a un costo fiscal que abre interrogantes respecto a la situación económica de Misiones en el futuro.

 

El gobierno se ha caracterizado por tener un manejo muy responsable de sus finanzas, siendo muy consciente de las necesidades de los empleados públicos, pero también de las limitaciones presupuestarias que se hicieron más severas en tiempos de pandemia.

 

El Estado nacional acumula ocho meses consecutivos de caída en la recaudación, lo que repercute en la coparticipación federal, principal fuente de ingreso de recursos para la provincia.

 

El aumento otorgado a los policías, que claramente hicieron abuso de la capacidad de presión que les otorga su condición de fuerzas del orden, provocó la reacción de otros sectores de la administración pública. El sueldo de casi 45 mil pesos que cobrarán los agentes de policía –jerarquía más baja de la fuerza- establece un parámetro demasiado alto para todos los demás.

 

De cara al futuro se abre una incógnita porque un manejo irresponsable puede llevar a la provincia a la quiebra y perjudicar a todos los otros sectores de la economía y de los empleados públicos al entrar en una espiral donde se gasta más de lo que se recauda.

 

La provincia ahora enfrentará una situación muy delicada en la que enfrentará múltiples reclamos salariales pero no puede permitirse errores que lo llevarían a dilapidar casi 20 años de manejo responsable y equilibrado de la economía provincial.

 

Actividad legislativa

 

La Legislatura instituyó el jueves el Festival Provincial por la Inclusión de Personas con Discapacidad, que se realizará, de manera alternada, en distintos municipios de Misiones.

 

La medida, impulsada por el Parlamento de la Mujer 2019 y por los diputados Silvia Rojas y Gustavo González, pretende “concienciar sobre la necesidad de incorporar a las personas con discapacidades en actividades cotidianas y animarlas a que tengan roles similares a los de aquellos que no tienen una discapacidad”, según lo señaló la legisladora.

 

Con la realización del festival se busca que “las personas con y sin discapacidad alguna puedan disfrutar de actividades de índole musicales, deportivas, recreativas, lúdicas, gastronómicas y similares; en un marco de aceptación y respeto por la diversidad”, indicó el diputado.

 

En la misma sesión se declaró de interés provincial el documental “Caa Mati”, impulsado en un proyecto por el diputado Julio Peterson, quien destacó la “valentía de un gobierno que está cerca de la gente” y el “gobernador cercano a la gente” que se pusieron a disposición para solucionar los conflictos y problemas yerbateros del tiempo de pandemia.

 

Destacó Peterson que la yerba estuvo parada 45 días y después se retomó la actividad con un protocolo donde todos hicieron un aporte responsable. Hay mas de 700 millones de kilos de hoja verde que se han levantado “con la responsabilidad de un gobierno que ha estado a lado de la gente”, dijo Peterson. “Si hubiéramos hecho las cosas de manera irresponsable tendríamos en riesgo a 30 mil contagiados, pero gracias a la responsabilidad del gobierno eso no ha ocurrido y hoy estamos culminando la cosecha”, remarcó.

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